Sin que todavía esté abierto un incidente de incumplimiento en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra Iván Márquez, como lo pidió esta semana el consejero presidencial para el posconflicto, Emilio Archila, es un hecho que dentro del proceso por secuestro, que tienen abiertos 31 exjefes de las Farc y quienes muy pronto deben ser llamados a comparecer personalmente, si Márquez no llega, como todo indica, quedará sometido a la apertura del incidente de incumplimiento.

Hasta ahora, la mayoría de los 31 exmiembros de la cúpula de las Farc han respondido a los distintos requerimientos de esta justicia especial a través de sus abogados.

El último llamado de la JEP a los 31 exjefes guerrilleros fue para que entregaran sus informes sobre los secuestros que se le atribuyen a cada uno. Márquez fue el primero en entregar su información, a través de su abogado.

Sin embargo, y como es lógico dentro del proceso, el siguiente llamado de la JEP debe ser para que, de manera presencial, cada uno de los 31 exjefes guerrilleros responda a las contrapreguntas que tienen los magistrados sobre los informes que entregaron.

Por eso, salvo que finalmente Márquez decida presentarse, quedará legalmente expuesto a un incidente de incumplimiento ante la JEP, paso previo a quedar por fuera de la justicia especial a la que tuvo derecho por haber hecho parte del proceso de paz con las Farc.

En el trámite de un incidente de incumplimiento, el sometido a la JEP se expone a perder, en principio, beneficios como la libertad condicional, y en consecuencia a que se ordene su captura. La etapa final del trámite es el envío del procesado a la justicia ordinaria.

Será el momento en el que se sabrá si el jefe de la delegación de las Farc durante la negociación de La Habana se queda definitivamente por fuera del proceso de paz.

En su única aparición desde entonces, el pasado fin de semana, a través de un video, Márquez dijo que las Farc se equivocaron al entregar las armas antes de que el Gobierno les cumpliera a los excombatientes con la reincorporación social y económica.

Pero, según el artículo 67 de la ley de procedimiento de la JEP (1922 del 2018), un incidente de incumplimiento se abre a petición de “la víctima, su representante, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación o la UIA”.
De acuerdo con la misma norma, también lo podrán hacer de oficio, motu proprio, las Salas y Secciones correspondientes de la JEP, cuando encuentren mérito.

De hecho, los magistrados de la JEP abrieron ya hace varios meses el primer incidente de incumplimiento contra un excomandante de las Farc.

Concretamente, a ‘El Paisa’ (Hernán Darío Velásquez), quien fue el único de los 31 exjefes guerrilleros procesados por secuestro que no se reportó ante la JEP ni presentó informe sobre los casos que le atribuyen.

Además de Márquez y ‘El Paisa’, hay otros siete excomandantes cuyo paradero se desconoce. En ese grupo también está Henry Castellanos, conocido como ‘Romaña’. Eran antiguos mandos medios y en el proceso de paz lideraron en distintas zonas del país la reincorporación de exguerrilleros.

Los exjefes guerrilleros no solo dejaron a su suerte a los excomandantes, sino también los proyectos colectivos que venían adelantando. Argumentaron en su momento falta de garantías para su seguridad física y jurídica. Las preocupaciones de Márquez en este punto explotaron luego de la captura de Jesús Santrich, en abril pasado, por cargos de conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos.

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