Por presuntas irregularidades en un contrato para la divulgación de medidas preventivas ante la emergencia sanitaria por el covid-19, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a la secretaria de Salud de Palmira, Clara Inés Sánchez Perafán.

La Provincial Cali abrió investigación a la funcionaria por su presunto desconocimiento de los principios de responsabilidad, economía y eficiencia de la contratación estatal y la función administrativa.

El caso estaría relacionado con el Contrato de Suministro No.249-2020, teniendo en cuenta que el Gobierno desde el pasado 12 de marzo de 2020 había ordenado a todas las estaciones de radiodifusión sonora, los programadores de televisión y demás medios masivos de comunicación, difundir gratuitamente la situación sanitaria y las medidas de protección para la población.

Por lo tanto, el ente de control consideró inconveniente celebrar el negocio jurídico.

Para la Procuraduría, Sánchez Perafán también pudo vulnerar el principio de moralidad, toda vez que las normas que rigen el proceso contractual exigen que antes de la firma de un negocio jurídico se analice la conveniencia del objeto a contratar.

La falta de la investigada fue catalogada como gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental de deberes.

Responde la Secretaria

La funcionaria confirmó que recibió una citación del órgano de control, pero advirtió que aún no es clara la fecha en que tendría que comparecer ante la entidad.

Dijo también que confía en las instituciones al señalar que la Procuraduría tiene unas dudas que su “incipiente investigación”, no permitió aclararla, por lo que espera, en el juicio, poder mostrar todo lo que se hizo.

“Lo que manifiestan es que no debimos como equipo hacer intervención del dengue en el mismo momento del covid-19, para ellos esto no era adecuado. Entiendo yo que la Procuraduría no conoce epidemiológicamente lo que pasaba con el dengue en el municipio y por eso creo que cuando esté en el juicio le podré mostrar que acabamos de superar la peor epidemia de los últimos 20 años, para que ellos vean que sí era necesaria la intervención”, indicó.

Agregó que el otro tema que refiere la entidad es que desde la Secretaría de Salud se hizo publicidad.

“Vamos a demostrarle que nosotros no hicimos publicidad, sino una campaña educativa en cuatro sectores vulnerables del municipio donde, si bien es cierto utilizamos piezas gráficas que fueron impresas en litografías, estas no tenían ningún material de publicidad, sino que explicaba cuál era la diferencia entre los signos de dengue y covid-19, porque al principio mucha gente no iba a los centros asistenciales por temor al covid-19 y se estaban complicando y muriendo por dengue”, expresó.

Afirmó que dicha campaña tenía una pieza gráfica de cómo controlar los criaderos dentro de casa y otra más que explicaba cuál era la ruta para la atención del covid-19.

Explicó que, además de dichas piezas, cuya impresión tuvo un valor de millón y medio de pesos, entregaban a los habitantes de esos sectores un repelente y alcohol glicerinado.

Estos productos se entregaron en sitios como Madre Vieja, Techo Azul y otros lugares identificados como vulnerables en los corregimientos de Tienda Nueva y Amaime.

“Esta es una campaña que tenía también otra adicional que no la desarrollamos por todas estas situaciones que significan para Procuraduría y demás, estos procesos; porque si bien es cierto que sabemos que los entes de control administrativo tienen que hacer su trabajo, no deja de desalentarnos el hecho de que el desconocimiento de la profundidad de la salud pública genere este tipo de investigaciones”, precisó.

El objetivo era, según la funcionaria, llegar a más sectores vulnerables, también a habitantes de calle e inmigrantes, actividad que están tratando de cubrir a través de donaciones.

Aclaró que la Secretaría de Salud nunca entregó volantes, sino que como equipo de salud se desplazaron a estos lugares, para enseñarles las piezas a las comunidades y explicarles cómo se tenían que lavar las manos o usar el repelente en caso del dengue, dado que estas personas están asentadas alrededor de cultivos de caña y cerca a la ribera de los ríos.

Aseguró que, aunque la desalienta un poco el proceso, está convencida de que lo que hizo la dependencia a su cargo, fue hecho bajo el tecnicismo y legalidad que ameritan los fines esenciales del Estado.

“Cuando le expliquemos al procurador lo que se hizo, en términos de que fue un contrato de cerca de $42 millones, con el cual se cubrió el gel y el repelente entregados, y también teniendo en cuenta que todo el contenido de las piezas fue hecho por la Secretaría y que lo que costó la impresión del material que ellos dicen es publicidad, fue un millón quinientos, creemos que vamos a poder mostrarle a la procuraduría cuál ha sido nuestra línea y va a entender adecuadamente”, subrayó.

Sánchez quien enfatizó que no se trató de publicidad, sino de una campaña educativa, no cree que el trasfondo de esta investigación sea un tema político.

Anotó que ya contrató un abogado personal para que la represente ante el órgano de control y espera demostrar su inocencia.

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