El último episodio es un video filtrado a medios que apunta bien alto y que muestra a Pío López Obrador, hermano del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero en un restaurante en 2015 por parte de David León, funcionario del actual Gobierno.
“Son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba”, afirmó en una conferencia de prensa, en la que comparó la labor de su partido con la revolución mexicana, la cual “se financió con la cooperación del pueblo”, dijo.
Aun así, el Presidente invitó a la oposición a presentar una denuncia para que se investigue el caso y el origen del dinero. Además, paralizó el nombramiento previsto al frente de una empresa pública de medicamentos de David León, quien hasta hace unos días dirigía Protección Civil, hasta que se aclare la situación.
Esta entrega de dinero se vincula con el caso Odebrecht, pues el exdirector de Pemex Emilio Lozoya ha revelado que el gobierno Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), repartió sobornos a legisladores del PAN para que aprobaran en 2013 la reforma energética que liberalizó el sector.
“Es una reacción normal, legítima de quienes se están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país”, expresó el mandatario, quien apostilló: “No todos somos iguales”.
Calderón, uno de los grandes rivales políticos de López Obrador, acusó al Presidente de utilizar a Lozoya como “un instrumento de venganza y persecución política”.
En 2004, cuando el entonces alcalde del entonces Distrito Federal gozaba de una enorme popularidad y aspiraba a concurrir en las elecciones presidenciales de 2006, el caso conocido como los “videoescándalos” agitó la política mexicana.
Se filtraron a medios videos de dos colaboradores cercanos a López Obrador recibiendo fajos de billetes del empresario mexicano de origen argentino Carlos Ahumada. López Obrador acusó entonces de un “complot” por parte de quienes no querían que se convirtiera en presidente, cargo que acabó alcanzando en 2018.
Entre ellos estaba Rosario Robles, quien posteriormente fue ministra de Peña Nieto y que ya bajo el gobierno de López Obrador fue encarcelada por un caso de corrupción. También el expresidente Salinas de Gortari, uno de los señalados en la denuncia de Lozoya.