La jueza 30 de control de garantías definió este martes en audiencia que es competente para adelantar el caso por ley 906, pero el proceso se frena porque la defensa, es decir, los representantes de Iván Cepeda a través del abogado Reinaldo Villalba, el exfiscal Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo que son víctimas acreditadas, dicen que el caso debe ser por la ley 600, es decir, como venía en la Corte Suprema de Justicia.

Por ello, será el alto tribunal en que defina en materia de competencia cuál debe enfrentar el caso del expresidente y exsenador Álvaro Uribe tras su renuncia al Senado.

“Se dispondrá entonces en orden a trámite a esta definición de competencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 341 del Código de Procedimiento Penal, ley 906 de 2004, y asimismo en concordancia con las disposiciones citadas de la ley estatutaria de la administración de justicia a remitir a través del centro de servicios judiciales esta actuación a la sala plena de la Corte Suprema Justicia para lo de su cargo”, dijo la juez.

La investigación

El lío judicial empezó en el 2012 cuando el expresidente Álvaro Uribe denunció al senador del Polo Democrático Iván Cepeda por supuestamente ofrecer beneficios a presos para que declararan contra él en procesos por paramilitarismo. Por esto la Corte empezó investigación al senador Cepeda, pero en el 2018, el caso dio la vuelta.

En febrero de 2018 Cepeda afirmó que “es el contexto de las conversaciones, el hecho que Uribe esté recibiendo información para buscar testigos, es la relación con personas que están evidentemente en actos de amenaza a quienes fungen como falsos testigos en mi contra y presionados, recibiendo informes”.

El alto tribunal archivó la investigación contra Iván Cepeda, y Uribe pasó de denunciante a investigado por supuesta manipulación de testigos y fue llamado a indagatoria.

“A pesar de las pruebas, la Corte decide inhibirse, bajo el argumento que las actuaciones del senador Iván Cepeda se enmarcan dentro de las funciones de una comisión de derechos humanos de la Cámara y ordena investigarme porque supuestamente yo habría manipulado a los declarantes”, señaló Uribe en febrero de 2018.

La Corte Suprema investigó y analizó las interceptaciones de varios testigos del proceso, el año pasado escuchó en indagatoria al senador Álvaro Uribe y al representante Álvaro Hernán Prada, también vinculado por los delitos de supuesto soborno y fraude procesal por hechos ocurridos después del anuncio de la investigación a Uribe en el 2018.

Según las pruebas que están en poder de la Corte Suprema de Justicia, por intermedio del abogado Diego Cadena el expresidente Álvaro Uribe habría intentado manipular a testigos, entre ellos a Juan Guillermo Monsalve, quien ha declarado en su contra.

Uribe ha insistido en que no intentó cambiar el testimonio de Juan Guillermo Monsalve y que su instrucción al abogado Diego Cadena fue recopilar pruebas para desvirtuar los señalamientos en su contra del senador Iván Cepeda.

Medida de aseguramiento contra Uribe

El martes 4 de agosto, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe, en su calidad de senador, por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.  Fue el mismo expresidente quien informó a través de Twitter la decisión del alto tribunal. Escribió que “la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”.

Horas más tarde la Corte Suprema de Justicia emitió el comunicado con el que ratificó la medida de aseguramiento de detención preventiva del expresidente. “La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 3 de agosto aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”.

La Corte confirmó que la medida se sustituyó por detención domiciliaria. Por lo tanto, el senador cumple la privación de la libertad en su residencia.

De: RCN.com

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