De : Exclusivo de Semana.com
El chuchuchú es hoy una realidad. Así lo demuestra un detallado informe de la Contraloría General de la República, conocido en exclusiva por SEMANA, que recopiló con datos financieros la situación de las EPS en el país.
Las cifras son dramáticas y alarmantes. Y especialmente demuestran lo que muchos han venido advirtiendo: el arponazo que el Gobierno Petro le dio a estas entidades prestadoras de servicio de salud, por medio de las intervenciones forzosas de la Superintendencia Nacional de Salud, lejos de haber rescatado a esas entidades, las ha destruido por dentro.
El peligro es inminente. En manos del Gobierno Petro está la salud de 30 millones de afiliados, el 56,65 por ciento del total. Esa es la cifra de colombianos que hoy tienen la atención de sus enfermedades en EPS que están intervenidas y que maneja el Gobierno a su antojo.
Petro logró que su administración se hiciera al control de dos de las EPS más grandes y emblemáticas en su pelea por acabar estas entidades: la Nueva EPS (11.546.853 de afiliados) y Sanitas (5.819.205). Pero intervino muchas más: Coosalud, S.O.S., Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud EPS. Y heredó otras que ya estaban en esa situación: Emssanar, Capresoca y Dusakawi.
La Contraloría de Carlos Hernán Rodríguez puso su lupa en los estados financieros certificados y dictaminados de las 29 EPS que hay hoy en el país. Y este examen matemático raja especialmente a las que están en manos del Gobierno.
“Las EPS intervenidas no cumplen con uno o más indicadores de condiciones financieras y de solvencia, lo que evidencia que su situación no ha mejorado luego de su intervención. Esta condición de las EPS intervenidas es preocupante, puesto que estas medidas buscan corregir las fallas financieras y administrativas, situación que hasta el momento en el desarrollo de este informe no se evidencia”, advierte la Contraloría.
El sistema de salud de los colombianos está en cuidados intensivos. Según el informe, solo 6 de las 29 EPS cumplen con las condiciones de habilitación financiera y de solvencia que se necesitan para operar.
En este grupo minoritario están: Salud Total, EPS Familiar de Colombia, Aliansalud, Comfaoriente, Salud Mía, Salud Bolívar. Entre todas tienen 5.695.755 afiliados, el 11,41 por ciento del total del país. De las EPS intervenidas, a cargo hoy del Gobierno, ninguna cumple estas condiciones. El informe de la Contraloría detalla tres indicadores en cada una de estas organizaciones: 1) Capital Mínimo, 2) Patrimonio Adecuado y 3) Reservas Técnicas.
Las EPS más grandes del país, Sanitas y Nueva EPS, ambas intervenidas, no cumplen ninguno de los tres. En el caso de Sanitas, la misma empresa advirtió la debacle que seguramente recibirán en unos días cuando les notifiquen formalmente el fallo de la Corte Constitucional, que la semana pasada anuló la intervención y obligó a devolver la entidad a sus dueños.
“Debería ser un día de alegría por el restablecimiento de la justicia, pero para nosotros es un día de duelo…Nos devolvieron lo que es nuestro, pero no nos devuelven intacta ni la estructura ni el alma de EPS Sanitas… Dejaron que el deterioro progresivo hiciera el trabajo sucio: romper por dentro lo que no pudieron desacreditar desde fuera”, aseguró el prestigioso jurista Juan David Riveros, abogado de Keralty, la matriz dueña de Sanitas.
La caja en rojo
Las cifras de la Contraloría alertan sobre la crítica situación de la mayoría de las entidades prestadoras de servicios de salud: “15 EPS no cumplen con el Capital Mínimo requerido, comprometiendo su capacidad de pago a sus prestadores. 14 EPS no cumplen con el indicador de Patrimonio Adecuado, poniendo en riesgo el uso eficiente de los recursos públicos, y 22 EPS no cumplen con la Inversión de sus Reservas Técnicas, afectando la garantía de la prestación de servicios de salud”.
EPS de gran reconocimiento como Compensar y Sura que, ahogadas por las circunstancias financieras, le pidieron al Gobierno devolver la operación, tienen cifras mejores.
Por ejemplo, Compensar, con 2.047.464 afiliados, cumple el indicador de capital mínimo y de patrimonio adecuado, pero no las reservas técnicas. Sura cumple el capital mínimo y las reservas técnicas, pero no el patrimonio adecuado. Los usuarios han sentido este tramacazo mejor que nadie. Y eso se ve en la disparada de las cifras de las peticiones, quejas y reclamos contra las EPS.
El informe detalla que “el volumen de PQR aumentó de 1.308.706 en 2023 a 1.614.622 en 2024, con un crecimiento porcentual del 23,2 por ciento, siendo Nueva EPS la que lidera con 323.682 PQR (22 por ciento) del total”.
Lo dramático de la situación es que esas quejas no tienen que ver, por regla general, con situaciones complejas o peticiones de tratamientos nuevos no cubiertos por los planes de salud, sino con servicios que antes se daban de manera más sencilla.
Según el informe, el 90 por ciento de estas peticiones se relaciona con barreras de acceso a tecnologías y servicios de salud, y las principales causas son la negación oportuna de citas médicas, las demoras en autorizaciones y la entrega de medicamentos. Y allí, a las entidades en las que el Gobierno Petro tiene el mando, también les va peor.